La política pública de libertad religiosa y cultos tiene como finalidad garantizar el derecho en todas sus dimensiones, en escenarios públicos y privados, para que las entidades hagan buen uso del epacio público, las personas creyentes y no creyentes no sufran discriminación, se reconzca a las entidades religiosas su aporte en la construcción y reconstrucción del tejido social y al crecimiento de la economía local y demás que en su integridad propendan en recuperar la deuda histórica del Estado con las iglesias.